Advierten que nueva ley abre la puerta al espionaje masivo sin control judicial
Especialistas y organizaciones civiles alertan que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permitirá la vigilancia masiva de los mexicanos sin orden judicial ni salvaguardas, lo que representa un retroceso en derechos y libertades.
La reciente aprobación en el Senado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conocida ya como “Ley Espía”, ha encendido las alarmas entre organismos y expertos en derechos digitales, quienes advierten que la norma permite la vigilancia masiva de los mexicanos sin necesidad de orden judicial ni sospechas fundadas de delito.
La nueva legislación otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con autoridades de seguridad, acceso en tiempo real a datos personales y de ubicación de cualquier ciudadano. Esto, acusan especialistas, se suma al requisito de asociar las líneas móviles con la CURP, completando un sistema de monitoreo sin precedentes.
“En un país donde el espionaje ha sido documentado, habilitar estos mecanismos sin salvaguardas suficientes es un retroceso. La combinación con la obligación de vincular la línea telefónica con la CURP cierra el círculo para un sistema de vigilancia masiva”, denunció The CIU, consultora en telecomunicaciones.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19, lamentó que la ley haya sido aprobada de forma apresurada y sin un análisis profundo de sus implicaciones.
“El espionaje no ha servido para frenar la inseguridad y la violencia. Estos sistemas suelen usarse para control político. Además, ahora será posible monitorear a periodistas, activistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos”, afirmó.
Maldonado advirtió que la nueva ley representa un ataque directo a la libertad de expresión y un riesgo de intervenciones indiscriminadas sin ningún control.
En contraste, el Gobierno federal defiende la norma al señalar que su objetivo es fortalecer las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante un mejor aprovechamiento de la inteligencia generada por bases de datos públicas y privadas.
