ELECCIONES DEL 1 DE JUNIO EN MÉXICO Y LA SEGURIDAD ELECTORAL
Estas elecciones marcarán un hito en la historia del país al permitir, por primera vez, la elección directa de jueces, magistrados y ministros.
El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará elecciones históricas en las que se elegirán 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros. Este proceso electoral, sin precedentes en el país, ha generado debates sobre la seguridad y la integridad del sistema judicial.
CONTEXTO DE LAS ELECCIONES
Estas elecciones representan la primera vez que los ciudadanos mexicanos tendrán la oportunidad de elegir directamente a los miembros del Poder Judicial. Más de 3 mil 400 candidatos compiten por los 881 puestos disponibles, lo que subraya la magnitud y relevancia del proceso. Sin embargo, este escenario también ha planteado desafíos significativos, especialmente en términos de seguridad y equidad en las campañas.
El contexto político en el que se desarrollan estas elecciones es particularmente tenso, dado que la reforma que permitió este proceso fue aprobada en medio de fuertes críticas y con gran oposición de distintos sectores. Para algunos analistas, esta elección puede redefinir la independencia del Poder Judicial en Méxi- co y marcar un precedente para futuras reformas en el sistema democrático del país.
DESAFÍOS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL
La violencia ha sido una constante preocupación en los procesos electorales mexicanos. Durante las elecciones de 2024, se registraron 330 ataques contra figuras políticas, con al menos 95 de estos eventos resultando en muertes. Estos datos, proporcionados por The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), convierten a esa cam- paña en una de las más violentas en la historia reciente de México. La mayoría de los ataques se dirigieron a candidatos a puestos locales, reflejando la vulnerabilidad de los actores políticos en el ámbito municipal.
La jornada electoral del 2 de junio de 2024 estuvo marcada por al menos 15 homicidios, incluyendo el asesinato de candidatos y enfretamientos entre simpatizantes de diferentes partidos. Además, se reportaron incidentes como la quema de urnas y el robo de material electoral en varios estados del país.
Las zonas con mayor incidencia de violencia política han sido aquellas controladas por grupos criminales que buscan influir en las decisiones políticas locales. Estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas han sido especialmente vulnerables a estos ataques. Organismos internacionales han manifestado su preocupación por la escalada de violencia y su impacto en la democracia del país.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS
Ante este panorama, las autoridades mexicanas han implementa- do diversas estrategias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones del 1 de junio de 2025. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido restricciones para los candidatos, incluyendo la prohibición de actos masivos, financiamiento público y publicidad en medios, con el objetivo de reducir la exposición y posibles riesgos de violencia.
Además, se han desplegado operativos de seguridad en los estados considerados de alto riesgo, con la participación de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas. Sin embargo, el papel del Ejército en el proceso electoral ha sido motivo de debate, ya que algunos sectores consideran que su intervención podría poner en riesgo la imparcialidad del proceso.
Sin embargo, estas medidas han generado controversia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Congreso, de mayoría oficialista, han impugnado estas restricciones, argumentando que limitan la promoción de los comicios. Han presentado al menos 29 impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), buscando flexibilizar las reglas establecidas por el INE.
IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La violencia y las restricciones en las campañas podrían influir en la participación ciudadana. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estima una participación de entre el 8% y el 15% del padrón electoral de 99 millones de ciudadanos. Este bajo porcentaje refleja la apatía y el temor de la población ante el clima de inseguridad que rodea el proceso electoral.
Adicionalmente, se teme que la desinformación y la manipulación mediática afecten la percepción de los votantes sobre la relevancia del proceso. Las redes sociales y las noticias falsas han jugado un papel cada vez más importante en la polarización política, lo que podría influir en los resultados electorales.
CASOS EMBLEMÁTICOS
La violencia ha afectado a figuras políticas de diversos niveles. Un ejemplo es el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en octubre de 2024. Arcos fue decapitado y su cabeza colocada en el techo de una camioneta, un acto que intensificó la crisis de violencia en el país y puso en entredicho la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus funcionarios.
Otro caso relevante es el de la candidata a magistrada en Jalisco, Laura Fernández, quien sufrió un atentado en marzo de 2025. A pesar de sobrevivir, este ataque generó una oleada de protestas exigiendo mayor seguridad para los candidatos y actores políticos involucrados en el proceso.
CONCLUSIÓN
Las elecciones del 1 de junio de 2025 en México representan un hito en la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un desafío primordial. Es esencial que las autoridades, partidos políticos y sociedad civil trabajen conjuntamente para garantizar un proceso electoral seguro y transparente, que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promueva una participación activa en la vida democrática del país.
El éxito de este proceso electoral dependerá de la capacidad del Estado para garantizar condiciones seguras, equitativas y libres de violencia. En un momento crucial para la historia democrática del país, la sociedad mexicana deberá evaluar no solo a los candidatos, sino también el impacto que estas elecciones tendrán en la estructura del sistema judicial en los próximos años.
