“Gobierna el crimen, no los alcaldes”: Arzobispo de Guadalajara.
El cardenal José Francisco Robles Ortega advierte que en municipios de Jalisco el control lo ejerce el crimen organizado, incluso en fiestas patronales.
GUADALAJARA, JALISCO.– En varios municipios de Jalisco, el verdadero poder no está en manos de los alcaldes, sino del crimen organizado, denunció el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.
“El manejo que hacen los grupos del crimen organizado lo perciben los párrocos. No es el Presidente Municipal el que gobierna, es el jefe de la plaza”, declaró el prelado este domingo ante medios de comunicación.
Robles ilustró cómo, incluso en festividades religiosas, los líderes del crimen organizado imponen condiciones. “Es el jefe de la plaza el que le dice al párroco: ‘¿A qué hora quiere que quememos la pólvora? ¿A qué hora quiere la banda?’. Ellos llevan el control de lo que correspondería a las autoridades municipales”, afirmó.
Aunque negó que los sacerdotes deban pedir permiso directo para celebrar fiestas patronales, señaló que estas celebraciones son aprovechadas por los grupos criminales para instalar puntos de venta de alcohol y operar negocios con fines lucrativos, justo en las puertas de las iglesias.
“En todas las fiestas patronales, el grupo que está posicionado en el municipio pone un centro de bebidas, de música estridente, todo el día, en el atrio. Ellos hacen su negocio con la gente que va de buena fe”, lamentó.
No es la primera vez que el cardenal lanza advertencias sobre la influencia del crimen organizado en la región. Durante la administración estatal anterior, denunció la existencia de retenes ilegales instalados por criminales en carreteras del norte de Jalisco.
Ante estas declaraciones, el Gobernador Pablo Lemus reconoció la presencia de grupos delictivos, pero matizó: “Hay algunas cosas en las cuales se han infiltrado grupos delincuenciales, pero no al grado de ser gobierno”.
Las declaraciones del Arzobispo reabren el debate sobre la gobernabilidad en zonas rurales y el alcance real de la autoridad estatal frente a los grupos criminales.
