Investigan a empresa y funcionarios por tragedia en Festival Ceremonia
Tras la muerte de dos fotógrafos en el Parque Bicentenario, autoridades analizan responsabilidades de la empresa organizadora, la concesionaria del recinto y servidores públicos.
CIUDAD DE MÉXICO.– Luego del trágico accidente en el Festival Ceremonia, en el que fallecieron los jóvenes fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas por la caída de una estructura en el Parque Bicentenario, autoridades federales y capitalinas han iniciado investigaciones para deslindar responsabilidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una revisión a fondo de la concesión del Parque Bicentenario, actualmente en manos de la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, propiedad de Charles McPhail Trouyet, desde marzo de 2018, cuando fue otorgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indagará tanto a la empresa organizadora del evento, Eco Live, fundada por Diego Jiménez Labora, como a funcionarios responsables de verificar las condiciones de seguridad del evento.
La fiscal capitalina Bertha Alcalde informó que ya se han realizado inspecciones en el sitio y entrevistas con testigos. “Lo jurídico implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente, es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes”, señaló.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum instruyó a la titular de la Sedatu, Edna Vega, a revisar las condiciones bajo las cuales se otorgó la concesión del recinto. “Queremos saber si, bajo estas circunstancias, es factible revocar esta concesión”, indicó.
Por su parte, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) explicó que, para anular la concesión, el Gobierno federal deberá demostrar el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales o la falta de pago. También podría aplicarse el recurso del “rescate de concesión”, aunque esto implicaría una indemnización para la empresa.
La tragedia ha puesto en el centro del debate la responsabilidad del sector privado y las autoridades en garantizar condiciones de seguridad en eventos masivos, así como la transparencia en las concesiones de espacios públicos.
