Preocupa riesgo para la población civil con Guardia Nacional militarizada.
Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra advirtieron que la operación de la GN bajo el mando de la Sedena rompe con el orden constitucional y representa un alto riesgo para la población civil.
El lunes pasado, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, rechazó que la adscripción de la GN a la Defensa Nacional implique militarización, argumentando que mientras las políticas de seguridad sean dictadas por instituciones civiles, no puede hablarse de militarización.
Ambas organizaciones han solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno de México que los militares desempeñen exclusivamente las funciones que establece la Constitución en tiempos de paz.
No obstante, Sheinbaum buscará impulsar una reforma constitucional propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que plantea cambiar la naturaleza civil de la Guardia Nacional a una institución militar y ampliar la facultad del Ejecutivo federal para disponer de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública.
“Esta reforma trastoca sustantivamente la disposición del Artículo 129 de la Constitución. Avanzar con una serie de reformas de esa naturaleza es, en realidad, una redefinición de las relaciones cívico-militares, que rompe el orden constitucional definido desde 1917", señalaron las organizaciones.
Hicieron un llamado a la próxima Presidenta y al Congreso de la Unión a desechar la iniciativa de reforma constitucional, argumentando que validaría la participación de militares en todos los órdenes de la vida pública civil de México y las tareas extra constitucionales otorgadas a las Fuerzas Armadas.
Además, advirtieron que de concretarse, esta reforma implicaría una violación al principio de la separación de poderes y la independencia judicial, al asumir las Fuerzas Armadas tareas de investigación, incluso en casos de delitos en los que el personal castrense esté involucrado.
"Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra hemos evidenciado no sólo lo fallido de un paradigma militar desde 2006, que no ha logrado contener ni el trasiego de drogas ni la violencia, sino también los riesgos para las libertades y derechos humanos de una Guardia Nacional castrense", enfatizaron.
Recordaron que de los 14 casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias contra México, al menos seis son por violaciones perpetradas por miembros del Ejército, incluyendo tortura, violencia sexual, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
