La fundación de nuevas asociaciones civiles y dos megamarchas contra esa problemática, y sobre todo contra los secuestros, fue una de las expresiones que marcaron los últimos 10 años

n la primera década del siglo, la inseguridad en la ciudad de México se convirtió en una de las principales preocupaciones de sus habitantes y del sector empresarial. Ante las demandas de detener la ola de delitos las autoridades han echado mano de distintos programas, tecnología y endurecimiento de las penas para combatirla, pero sin lograrlo.
Cuando los niveles de inseguridad se encuentran en fronteras socialmente aceptadas, sus consecuencias no impactan ostensiblemente los hábitos de la comunidad particular, regional o nacional, pero cuando se salen de control distorsionan la vida colectiva, el Estado de derecho desaparece y la convivencia productiva se obtura tanto desde la perspectiva de las personas físicas económicamente activas como de las personas morales de los sectores públicos, privado y social que tendrían que generar crecimiento, empleo y riqueza.

El impacto de la inseguridad se refleja en los siguientes aspectos:
• Se afecta el patrimonio de las personas físicas y morales.
• Se ahuyentan las inversiones de capitales nacionales y extranjeros, así como la generación de empleos, pues sin certeza jurídica no hay crecimiento.
• Se dañan industrias y comercios que son víctimas frecuentes de cuantiosos robos en sus instalaciones y en el transporte de sus mercancías y valores.
• Se distorsionan los mercados de bienes y servicios y crece la informalidad.
• Se inyectan recursos ilícitos al sistema financiero.
• Se desvían las corrientes turísticas hacia otros países.
• Se reduce la competitividad de las empresas que tienen que contratar protección privada y tomar medidas onerosas para protegerse, incrementándose los costos de producción y distribución y, por ende, los precios.
• Se obliga al Estado a elevar los presupuestos destinados para enfrentar la delincuencia, en lugar de ejercerlos en programas de beneficio y prevención sociales, como alimentación, educación, salud, vivienda, cultura, deporte y recreación.

La población se reagrupa ante la inseguridad
La organización México Unido Contra la Delincuencia se fundó el 11 de noviembre de 1997, ante la convocatoria de Josefina Ricaño a un grupo de ciudadanos tras el secuestro y asesinato de su hijo Raúl.
Alto al Secuestro surgió de la misma forma, a iniciativa de Isabel Miranda de Wallace, y el Sistema de Observación de Seguridad Ciudadana (SOS), de Alejandro Martí, quienes vivieron el plagio y homicidio de sus hijos: Hugo Alberto Wallace, y el adolescente Fernando Martí.
Nelson Vargas, presidente de la Confederación Nacional Deportiva Mexicana, en la administración del presidente Vicente Fox, también sufrió el secuestro y asesinato de su hija Silvia Vargas.
El domingo 27 de junio de 2004, cientos de miles de personas, de todos los niveles socioeconómicos, marcharon en forma silenciosa del Ángel de la Independencia al Zócalo, para exigir “un México sin violencia” y del fin a la impunidad de los delincuentes.
Iluminemos México es otra organización civil que convocó a una segunda mega marcha el 30 de agosto de 2008, contra la delincuencia tras conocerse el plagio del joven Martí.
La protesta volvió a congregar a miles de personas que caminaron nuevamente del Ángel de la Independencia al Zócalo mientras que en 88 ciudades más del país entonaban al mismo tiempo el Himno Nacional y encendían una veladora.
Otro momento en que las asociaciones civiles levantaron la voz fue cuando Alejandro Martí, reprochó a los representantes de los tres Poderes de la Unión los elevados índices de inseguridad en todo el país.
En el Consejo Nacional de Seguridad les dijo: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden… renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que esto también es corrupción”. Respondió Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien dijo que aceptaba el reto, y renunciaría si no daba resultados en materia de seguridad, “porque estoy seguro de que voy a cumplir”, pero no fijó un plazo concreto.

Contexto nacional
A nivel nacional, las estadísticas del ICESI colocaron en 2007 al Distrito Federal en el lugar 22, con mil 593 homicidios, y en el tercero en asaltos (23 mil 958 casos), robo de vehículos (con 25 mil 810) y secuestros (con 118 casos).
En noviembre de 2009, el ICESI publicó su estudio sobre victimización, y destacó que las entidades más inseguras en 2008 fueron Chihuahua, Sinaloa, Baja California, el DF y Guerrero.
En la reunión del XXVII Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Marcelo Ebrard, y otros mandatarios expresaron su desacuerdo con las cifras, pues dijeron que no coincidían con las del Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
El estudio indicó que son el Estado de México, el Distrito Federal y Guerrero los que tienen el mayor índice de delitos cometidos a mano armada, y dijeron desconocer la metodología aplicada.
El ICESI y otras organizaciones civiles han destacado la llamada cifra negra, es decir, los delitos no denunciados.
Se estima que 85% de los ilícitos no se denuncian en todo el país, y en el 65% de los casos, la razón principal es la desconfianza en el Ministerio Público.
El 4 de diciembre pasado, el subsecretario de Información e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad pública del DF, José Ignacio Chapela, dijo que el ICESI descalificó el estudio porque incluye para la ciudad de México los delitos de municipios conurbados, pues eso acrecentó el índice delictivo.
Cada una de las encuestas del ICESI, dijo, han empleado parámetros distintos de medición, lo que arroja resultados divergentes que no reflejan un avance o un retroceso de la inseguridad.